Valor venal y siniestro total

PLANTEAMIENTO

Es relativamente frecuente en accidentes de circulación, en que se producen daños de consideración en un vehículo de motor, que el valor de reparación de los daños supera el llamado valor venal del vehículo. Ahora bien, antes de entrar en el análisis de la cuestión que nos ocupa, será conveniente aclarar el concepto de valor venal: ¿Qué se entiende por valor venal de un vehículo de motor?

Suele contestarse a dicha pregunta, diciendo que el valor venal de un vehículo, es el valor que tenía ese coche en el momento inmediatamente anterior a producirse el siniestro. Con periodicidad anual, el Ministerio de Hacienda publica en el B.O.E. las tablas oficiales de precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte (así este año la Orden HAC 1275/2020, de 28 de diciembre, válida para 2.021). Dichas tablas contienen unos porcentajes de depreciación, que se aplican a partir de cumplirse el primer año de vida del vehículo, de modo que cada año se incrementa dicho porcentaje. Ahora bien, debe precisarse que dichas tablas rigen a efectos fiscales, y se utilizan como medios de comprobación con referencia a los impuestos antes indicados. Si bien, pueden tomarse como orientación, no tienen por qué determinar “per se” el valor real que un vehículo tiene en el momento inmediato anterior al siniestro que provoca los daños.

En la siguiente tabla se reflejan los porcentajes de valor de los vehículos usados a partir del primer año de matriculación.

Años de uso

Porcentajes

Hasta 1 año.

100

Más de 1 año, hasta 2.

84

Más de 2 años, hasta 3.

67

Más de 3 años, hasta 4.

56

Más de 4 años, hasta 5.

47

Más de 5 años, hasta 6.

39

Más de 6 años, hasta 7.

34

Más de 7 años, hasta 8.

28

Más de 8 años, hasta 9.

24

Más de 9 años, hasta 10.

19

Más de 10 años, hasta 11.

17

Más de 11 años, hasta 12.

13

Más de 12 años.

10

 

PRÁCTICA PERICIAL

Sin embargo, es cada vez más frecuente, que en sus informes, en aquellos casos de no coincidencia de uno y otro valor,  por parte de los peritos de compañías aseguradoras, se consigna como valor venal un importe ostensiblemente superior al que se publican en las tablas de Hacienda, y que se aproxima en realidad, con más acierto, al valor de mercado o de reposición, que es el valor de compra de un vehículo de mismas características y antigüedad en el momento del siniestro y que por ejemplo incluyen entre los parámetros a tener en cuenta, los gastos de transferencia, reparación y ganancia del vendedor. Para ello, toman como referencia las denominadas tablas Ganvam, que son una recopilación de todos los modelos y versiones de coches, con una valoración monetaria de cada uno, en función de su antigüedad, y que son objeto de revisión cada tres meses.

 

POSICIÓN DE LOS TRIBUNALES

Generalmente, los Tribunales entienden que la indemnización debida por los daños sufridos por el vehículo habrá de ser la cantidad necesaria para su reparación, salvo que exista una muy considerable desproporción entre el valor de reparación y el valor venal, si éste se extrae de las tablas anteriormente indicadas, pues se entiende que la reparación o restitución ha de ser íntegra, pues un fundamento esencial de la justicia a aplicar es  la de restaurar el derecho quebrantado y  la forma más adecuada de llevar a la realidad tal propósito, es la de situar las cosas que fueron objeto de los daños en el ser y estar que mantenían cuando se efectuó. Ello no supone un enriquecimiento injusto, pues la indemnización debe ser equitativa, si bien, es cierto, que  en determinados casos no procede el abono del coste total de reparación que sería excesivo en casos de notable desproporción, por ejemplo en vehículos de escaso valor comercial,  pues en tales casos si se produciría un enriquecimiento injusto, ya que, de abonarse el total del coste de reparación, se obtendría por el perjudicado un vehículo ostensiblemente mejorado respecto del que tenía antes del accidente, de la misma manera, que si sólo se abonara el valor venal, también resultaría injusto porque es evidente que los daños realmente sufridos son superiores al valor venal y porque la fijación del valor del vehículo se realiza en base a la matrícula sin tomar en consideración otros factores como el estado de conservación del mismo, o el llamado valor de afección,  y por eso se debe acudir a una indemnización equitativa. Como razona el Tribunal Supremo en algunas de sus Sentencias, (por ejemplo: 28 de Mayo de 1999) " el valor venal, por sí solo, no constituye reparación suficiente pues no repone al perjudicado en la situación anterior al siniestro, en la que disponía de un vehículo propio que satisfacía un valor de uso notablemente superior al valor venal. Esta es la razón por la que en la práctica jurisdiccional es frecuente incrementar dicho valor venal en una proporción aproximada del 50% para incorporar tanto el valor de afección, como la notoria discordancia de los precios de compra y de venta en el mercado de vehículos usados, atendiendo a las circunstancias de cada caso".

No obstante, en la casuística judicial, no existe un criterio unívoco o uniforme en tales casos de muy considerable desproporción entre  valor de reparación y el llamado valor venal, pues de un lado; los porcentajes de incremento sobre éste no son siempre los mismos: así unas veces, del 20%, otras del 30% o como antes se indicaba del 50%, encontrándonos a veces criterios consistentes en sumar sobre el valor venal, la media aritmética entre el valor de reparación del vehículo y el valor venal; y de otro, se plantean dificultades a la hora  de fijar  el significado de lo que deba entenderse por “considerable o manifiesta desproporción”. En definitiva, se trata de hacer un tratamiento individualizado y casuístico, sin perjuicio de considerar las pautas anteriormente indicadas.

La fórmula de cálculo de la plusvalía municipal ha caído

Importante noticia aparecida en el día de hoy en los medios de comunicación, referida a una nota informativa emitida por el Tribunal Constitucional por la que se adelanta el fallo de su sentencia en la que se declara la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1 segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al considerar que regula un método objetivo de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (más conocido como plusvalía municipal) basado en que siempre haya existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, con independencia de que haya existido ese incremento y de la cuantía real de ese incremento.

Seguir leyendo

Edificio con balcones con marcos de puertas y ventanas de color turquesa

Inscripción de fincas a favor de herederos no forzosos

El pasado mes de septiembre se derogó el artículo 28 de la Ley Hipotecaria, que establecía que las inscripciones de fincas o derechos reales adquiridos por herencia o legado no surtirían efecto hasta dos años después de la muerte del causante cuando se trataba de adquisiciones consumadas por herederos no forzosos (por ejemplo colaterales como hermanos, sobrinos, primos).

Seguir leyendo

División de local para conversión en trasteros en comunidad de propietarios

Si se ha planteado adquirir un local de sótano, elemento privativo en la Comunidad de Propietarios, con el propósito de dividirlo en diferentes trasteros, tiene que tener en cuenta que existen dos regulaciones, administrativa y civil, de manera que, en determinados supuestos, se precisa de sendas autorizaciones para poder para escriturar e inscribir en  el Registro de la Propiedad la división. 

1.- Respecto de la autorización administrativa, a ella se refiere el artículo 10.3.a de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, el cual, a su vez, se remite al artículo 17.6 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, actualmente derogado por lo que, en su lugar, habrá de tomarse lo previsto en el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015.

De la lectura del vigente texto normativo, podemos concluir que la exigencia de autorización administrativa se restringe a los complejos del art. 24 L.P.H.

Es decir, para una comunidad ordinaria no es precisa autorización, salvo lo que establezcan las normativas municipales o de otra índole tales como licencia de obras, declaración responsable, etc. pero que serán controladas por notario y registrador.

La autorización administrativa que se exige es en realidad una autorización especial, en los complejos del art.24 L.P.H.,   que va dirigida a evitar que se produzcan parcelaciones o divisiones, de una forma u otra, contra las normativas que limitan y/o regulan urbanísticamente, las superficies y características de las fincas.

2.- Respecto de la autorización de la Comunidad de Propietarios.

Resulta inexcusable y con los requisitos de quorum que señala el citado artículo 10.3.a y b de la Ley de Propiedad Horizontal, un doble 3/5, previa solicitud, con descripción de los nuevos elementos, arrastre de coeficientes etc.

Se suscita una cuestión respecto del acuerdo que permite la división ya que, según se ha indicado, requiere las mayorías de 3/5, pero ¿computan los votos de los no asistentes que no muestren su disconformidad?  La cuestión se plantea porque el artículo 17.8 de la L.P.H. dispone que:

Salvo en los supuestos expresamente previstos en los que no se pueda repercutir el coste de los servicios a aquellos propietarios que no hubieren votado expresamente en la Junta a favor del acuerdo, o en los casos en los que la modificación o reforma se haga para aprovechamiento privativo, se computarán como votos favorables los de aquellos propietarios ausentes de la Junta, debidamente citados, quienes una vez informados del acuerdo adoptado por los presentes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 9, no manifiesten su discrepancia mediante comunicación a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad en el plazo de 30 días naturales, por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción.

Dado que la división se hace para aprovechamiento privativo puede pensarse que dichos votos no computan, sin perjuicio de que puedan hacerse otra interpretación más flexible de la norma y abrir la posibilidad de que las indemnizaciones en favor de la Comunidad de Propietarios que prevé la ley, puedan evitar “ese” aprovechamiento privativo.

#trasteros #comunidaddepropietarios #comunidad #divisionhorizontal  #divisiontrasteros #elementosprivativos #leydelsuelo #leydepropiedadhorizontal

 

Comercio electrónico e IVA

Las reglas del juego han cambiado y, desde el 1 de julio pasado, vemos como cada vez que hacemos una pequeña compra en plataformas como AliExpress, se repercute el IVA español,  o que ciertas facturas que emite Amazon incluyen la coletilla “El IVA ha sido declarado por Amazon Services Europe”, cuando antes no se especificaba nada al respecto.

Seguir leyendo