La plusvalía municipal, otra vez en el ojo del huracán
Estando aún pendiente de resolver por el Tribunal Constitucional los recursos de inconstitucionalidad que promovieron PP y Vox contra la reforma del IIVTNU aprobada el pasado mes de noviembre por el RDLey 26/2021 para adaptar este impuesto a la Sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó el diseño del impuesto hasta entonces vigente, la plusvalía municipal vuelve a ser motivo de polémica al introducirse en la propuesta del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 la posibilidad de elevar algunos de los coeficientes máximos de este tributo, con la repercusión que esto puede tener sobre la cuota tributaria.
Hay que tener en cuenta que esta medida no implica por sí misma un incremento de este impuesto para el contribuyente, sino que posibilita a los Ayuntamientos a realizar esta subida actualizando sus ordenanzas, o no hacerlo. Es decir, está en manos de cada Ayuntamiento decidir si mantiene, incrementa o reduce estos coeficientes, dado que los PGE establecen los coeficientes máximos, pero no los mínimos.
La actualización de los coeficientes máximos está habilitada por la normativa propia del impuesto, que establece que "estos coeficientes máximos serán actualizados anualmente mediante norma con rango legal, pudiendo llevarse a cabo dicha actualización mediante las leyes de presupuestos generales del Estado".
El decreto, además, reconoce la posibilidad de que los ayuntamientos, a los solos efectos de este impuesto, corrijan hasta un 15% a la baja los valores catastrales del suelo en función de su grado de actualización para así intentar que el tributo se adapte a la realidad inmobiliaria de cada municipio.
No obstante, será siempre conveniente en tanto el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre los motivos de inconstitucionalidad planteados, recurrir las liquidaciones evitando así que adquieran firmeza.